LA FORTALEZA
OFICINA DE LA
GOBERNADORA
GOBIERNO DE
PUERTO RICO
La Fortaleza / Palacio de Santa Catalina fue la primera fortificación construida para defender la ciudad de San Juan y la primera en una serie de fuertes militares, que incluyen al Castillo San Felipe del Morro, Fuerte San Cristóbal y Fortín de San Gerónimo. La construcción fue autorizada por el rey Carlos I de España como medida de protección contra los ataques de indios, corsarios y piratas. Se comenzó a construir en el 1533 y se terminó el 25 de mayo de 1540.
Desde el siglo XVI, La Fortaleza ha servido como residencia oficial del gobernador, siendo así la mansión ejecutiva de más uso continuo en las Américas. La mansión fue remodelada afondo en 1846 por las autoridades españolas para adaptar su origen militar a su nueva función puramente administrativa. Aproximadamente 170 gobernantes han ocupado la mansión y ha recibido cientos de dignatarios, entre los cuales figuran el presidente estadounidense John F. Kennedy y su esposa, la primera dama Jacqueline Kennedy, quienes la visitaron en 1961, SS.MM. los Reyes de España Juan Carlos I y Sofía de Grecia en 1987, la reina Juliana de los Países Bajos, la primera ministra del Reino Unido, baronesa Margaret Thatcher, el presidente de Estados Unidos Barack Obama en el 2011, SS.MM. los Reyes de España Felipe VI y Letizia en el 2016, entre otros políticos, jefes de estado y miembros de la realeza.
Comenzó su carrera profesional en Washington D.C. con el entonces Comisionado Residente Baltasar Corrada del Río y luego ejerció por seis años como abogado litigante en esa ciudad. Regresó a trabajar a Puerto Rico en 1990 y durante el cuatrienio de 1993 a 1996 sirvió como Secretario de Justicia de Puerto Rico. Como principal oficial legal de nuestro gobierno publicó numerosas opiniones y argumentó dos importantes casos constitucionales frente al Tribunal Supremo de Puerto Rico, supervisó sobre 500 abogados y fiscales y se destacó en la lucha contra el crimen, consiguiendo la designación de Puerto Rico como Zona de Alta Incidencia de Tráfico de Drogas. Encomendado por la Casa Blanca, cabildeó en el Congreso para la aprobación de la Ley Anti-Crimen del Presidente Clinton. Antes de regresar al servicio público fue socio de un prestigioso bufete por más de 10 años.
Fue el decimonoveno Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington desde enero de 2009 a diciembre del 2016. Durante su incumbencia en el Congreso, compiló un impresionante récord de logros en múltiples áreas. Aseguró miles de millones de dólares en fondos federales y créditos contributivos para Puerto Rico bajo la Ley para la Reinversión y Recuperación Económica (ARRA, en inglés), trabajó para asegurar que Puerto Rico y los otros territorios estadounidenses recibieran un trato justo en la Reforma de Salud federal (ACA, en inglés) la cual triplicó la cantidad de fondos federales que se le otorgaban a Puerto Rico para financiar el sistema de salud pública. De igual forma, Pierluisi trabajó para adelantar múltiples acciones concretas de parte de las agencias federales en torno la seguridad pública, el desarrollo económico, la educación, la salud y la protección del ambiente.
El ex Comisionado Residente siempre ha abogado para asegurar un trato justo para los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, incluyendo una lucha sin tregua para conseguir la igualdad para Puerto Rico bajo todos los programas federales y bajo toda ley de Estados Unidos que solo se consigue con la Estadidad. El pueblo de Puerto Rico votó mayoritariamente en noviembre de 2020 a favor de que la Isla se convierta en un estado de la nación americana y Pierluisi está comprometido con lograrlo.
Cualquier ciudadano puede informar sobre irregularidades en el uso de fondos públicos o que puedan representar el delito de fraude o actos de corrupción pública. Envié un correo electrónico a informa@oig.pr.gov o presente su queja a través de https://www.oig.pr.gov/informa. También puede comunicarse con la línea confidencial de la Oficina del Inspector General (OIG) al 787-679-7979. El denunciante está protegido por ley contra represalias por presentar una queja.
