El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó el Proyecto de la Cámara 334 que enmienda la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP)”, con el propósito de imponer la pena de restitución a toda persona que habiendo sido decretada mediante Orden Ejecutiva una emergencia o desastre por el Gobernador de Puerto Rico, persista en realizar cualquier actividad que ponga en peligro su vida o la de otras personas, y requiera el rescate por parte de las autoridades.

Tanto el DSP, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), la Federación y la Asociación de Alcaldes y el Departamento de Justicia (DJ) endosaron la medida. De hecho, el DJ explicó que el Proyecto va a tono con el Estado de Derecho porque no tan solo intenta salvaguardar vidas, sino que constituye un mecanismo adicional para que el Estado pueda recuperar la pérdida económica incurrida.

Por otro lado, luego de recibir el aval unánime de la Asamblea Legislativa, el gobernador Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto de Administración 31 (Proyecto del Senado 540) que aclara que la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña (JIIP) es una entidad adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Esta medida entra en vigor de manera inmediata y será retroactiva al 11 de julio de 2018 fecha en la que se aprobó la Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del DDEC. La Administración presentó este proyecto en la Asamblea Legislativa debido a que la Ley de 2018 integró en una sola agencia diversas dependencias del Gobierno incluyendo todas las funciones de promociones e incentivos de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, a pesar de que la Ley de 2018 transfirió todas las funciones promocionales e incentivos de PRIDCO al DDEC, no enmendó la Ley para la Inversión Puertorriqueña de 2004 que crea la JIIP.

Mientras, Pierluisi también firmó el Proyecto del Senado 245 que establece que los planes de pagos sobre aquellas sentencias en las que las agencias, instrumentalidades, corporaciones del Gobierno y municipios se vean en la obligación de efectuar desembolsos con cargos al Fondo General-al de la corporación y al del municipio, ya no tiene que alegarse como defensa afirmativa en las reclamaciones judiciales.

Por otra parte, y a pesar de que el Departamento de Educación (DE) ha provisto el servicio de asistentes de servicios especiales (T1) a los estudiantes de Educación Especial durante el Proyecto de Verano Educativo 2023, el gobernador elevó a rango de ley la iniciativa al firmar la Resolución Conjunta del Senado 115 que tiene el mismo propósito. Como cuestión de hecho, en el Año Escolar Extendido 2023 se identificaron a 1,510 estudiantes elegibles a este servicio lo que constituye un uno porciento (103,674) de la matrícula servida en el Programa de Educación Especial del DE. De estos 1,510 estudiantes, 605 requieren de un asistente de servicios, según está establecido en su Plan Individualizado de Enseñanza y para atender esta necesidad la Secretaría

Asociada de Educación Especial cuanta con 2,402 asistentes permanentes disponibles para atender el 100 por ciento de las necesidades identificadas. Además, el DE aprobó las 44 solicitudes que recibió de asistentes de servicios irregulares para casos excepcionales.

En la continuación de temas educativos, el gobernador firmó tres medidas incluyendo el Proyecto de la Cámara 1688 radicado por petición de la organización estudiantil Puerto Rico Future Business Leaders of America (FBLA) de la Escuela Especializada en Bellas Artes y Deportes Luis Muñoz Marín de Barranquitas. Al darle paso a esta medida, Pierluisi declaró el primer lunes de febrero como el Día de Puerto Rico FBLA. También, ya son leyes la Resolución Conjunta del Senado 206 y la Resolución Conjunta de la Cámara 329. La primera ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) a evaluar la transferencia-arrendamiento-usufructo o cualquier tipo de negocio de la antigua escuela en desuso María del Rosario Cruz Claudio al municipio de Guánica para que se pueda establecer un proyecto comunitario con la organización “Unidos por Arenas, Inc”. Mientras, la Resolución cameral 329 denomina la Escuela Segunda Unidad del Barrio Certenejas de Cidra con el nombre de Escuela Elsa Diani Martínez Torres.

El primer ejecutivo también firmó el Proyecto del Senado 1114 que crea la “Ley para Promover el Reclutamiento, Retención y Diversificación de Profesionales de la Salud en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe”. La Ley enmienda el inciso (a) de la Sección 2022.04 (Contribución Especial para Médicos Cualificados) e inserta un nuevo inciso en dicha Sección de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como Código de Incentivos de Puerto Rico. La Ley autoriza a otorgar los Decretos de dicha Sección a Cirujanos Cardiovasculares que rinden o rendirán servicios como cirujanos a tiempo completo al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Esta medida tiene el fin de incentivar y viabilizar que el talento profesional necesario para la continuidad que brinda el Centro pueda ser retenido o atraído.

Por último, el gobernador autorizó, mediante la Resolución Conjunta del Senado 363 y la Resolución Conjunta de la Cámara 393, reasignar a los municipios de Yauco y Vega Baja fondos provenientes de Resoluciones Conjuntas para realizar obras y mejoras permanentes. También, dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 272 que designa con el nombre de Pablo Deogracia Camacho la carretera PR-371 de Yauco.

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